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Moción que presenta el Grupo Municipal de Leganés en defensa de la educación concertada como garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Leganés, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tanto la Declaración universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española reconocen como derechos fundamentales el derecho a la educación y el derecho de los padres a escoger que tipo de educación quieren para sus hijos.

Además, nuestra Carta Magna en sus artículos 9 y 27:

  • establece que los poderes públicos deben:
  • promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas
  • y garantizar el derecho de todos a la educación así como el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  • y reconoce la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes – por personas físicas y jurídicas- dentro del respeto a los principios constitucionales.

En España durante las últimas décadas el desarrollo de estos derechos y libertades se ha concretado en la existencia, dentro de nuestro sistema educativo, de centros públicos, concertados y privados que han permitido a las familias y a los alumnos españoles ejercer su derecho fundamental a escoger aquella educación que mejor se adapte a sus creencias, necesidades y expectativas formativas y estilo de vida.

Durante el curso escolar 2016-2017 el 67% de los alumnos españoles estuvieron escolarizados en centros públicos, el 26% en centros concertados y el 7% en centros privados.

En la Comunidad de Madrid durante el pasado curso escolar el 54% de los alumnos estuvieron escolarizados en centros públicos, el 30% en concertados y el 15% en privados.

Unos datos que ponen de manifiesto que los centros educativos concertados y privados son complementarios de los públicos y garantizan que las familias y los alumnos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y a la libre elección de centro educativo consagrados en nuestra Constitución.

Frente a esta realidad legal y social, la Ministra de Educación en su comparecencia el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados, expuso como prioridades del actual gobierno de España en materia educativa la modificación de la LOMCE para eliminar la demanda social como criterio para la asignación de plazas concertadas – un objetivo que reiteró el pasado 4 de septiembre- y la supresión del carácter académico de la asignatura de religión.

Además, en su intervención, anunció la intención del actual gobierno de dialogar con los centros educativos concertados que, ejerciendo la libertad de creación de centros docentes recogida en el artículo 27 de la Constitución Española, diferencian a los niños de las niñas para «acordar que el modelo coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo, en relación con una apuesta decidida por la equidad».

No es la primera vez que el Partido Socialista ataca a la educación concertada y a aquellos centros que, con su oferta formativa y pedagógica, permiten a los padres elegir la educación que, de acuerdo a sus principios y valores, consideran más adecuada para sus hijos.

Así el gobierno socialista de Andalucía suprimió más de 800 plazas concertadas para el curso 2017-2018 y el PSOE, además de recurrir varios artículos de la LOMCE ante el Tribunal Constitucional,  presentó -en septiembre de 2017- diversas Proposiciones de Ley en el Congreso de los Diputados para reducir las subvenciones a los centros concertados e intentar prohibir los conciertos con centros de educación diferenciada.

Frente a estas actuaciones, los más altos tribunales de nuestro país, el Supremo y el Constitucional, han avalado el mantenimiento de los centros concertados si hay demanda social así como la existencia de  la educación diferenciada y su financiación pública.

 En concreto, el Tribunal Constitucional (STC 31/2018) considera que la educación diferenciada por sexos no puede ser considerada discriminatoria, responde a un método pedagógico que considera esta opción educativa “más eficaz” que otras y que en ningún caso la elección de este tipo de educación podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones Educativas o en cualquier otro aspecto.

 Estas actuaciones y propuestas junto con las recientes declaraciones de la Ministra de Educación, han alarmado a la comunidad educativa y a la sociedad en general porque no habían sido debatidas ni con los representantes de los centros educativos afectados ni con el resto de partidos que representan a los españoles en las cortes y porque ponen en evidencia que el actual Gobierno de la nación, y el partido que lo sustenta, consideran que es el Estado quién debe decidir qué tipo de educación es mejor para los alumnos españoles.

Una decisión que toman, por lo que se desprende de sus declaraciones, en base a prejuicios ideológicos y sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de enseñanza reconocido en la Constitución.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que en Leganés son numerosos los alumnos que cursan sus estudios en alguno de los cinco centros concertados cuya oferta educativa goza de un gran prestigio, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de  Leganés la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO: Manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno, como órgano de la máxima representación política de los ciudadanos en el ámbito municipal, a la Educación Concertada como garantía para el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de elección de centro educativo reconocida en la Constitución.

SEGUNDO: Manifestar el rechazo firme y expreso de este Pleno a que se elimine el criterio de demanda social para la asignación de plazas concertadas puesto que supone un ataque directo a la libertad de elección de familias y alumnos.

TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a que se comprometa a velar porque el sistema educativo español, tal y como establecen los artículos 9 y 27 de nuestra Carta Magna,

  • garantice el derecho a la educación, el derecho de los padres a escoger que tipo de educación quieren para sus hijos y las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas
  • y reconozca la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes – por personas físicas y jurídicas- dentro del respeto a los principios constitucionales.

CUARTO: Instar al Gobierno de la Nación a que antes de realizar cambios en el sistema educativo se llegue a un Pacto de Estado en Educación para salvaguardar entre todos los representantes de los españoles el derecho fundamental a la educación en libertad.

QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos concertados de nuestro municipio, a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y a la Ministra de Educación.


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educación

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