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Moción que presenta el Grupo Municipal Popular para impulsar y garantizar una oferta educativa plural y el derecho a la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos

La libertad de enseñanza es un derecho consagrado por la Constitución en el artículo 27. La ley reguladora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Orgánica de Educación de 2006 establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema se asienta sobre dos ejes fundamentales,  la enseñanza privada concertada y la enseñanza pública.

Este derecho, necesariamente conlleva la libertad de los padres de garantizar la educación de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, incluida la libertad de escoger escuelas distintas de las  públicas, y el Estado tiene la obligación de respetar esta libertad de elección.

Sin embargo, este derecho, está siendo distorsionado por algunas administraciones educativas al reducir de forma injustificada unidades de los centros concertados  generando una situación de incertidumbre en las familias, docentes, personal de servicio y administración, y centros educativos de la red concertada.

Las administraciones tienen la obligación de garantizar que todos los ciudadanos tengan una plaza escolar, para lo que deben respetar ese derecho de elección, realizando una programación de la oferta educativa teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la demanda social. Es por esta razón, por la que en sus manos está adoptar medidas que puedan favorecer este derecho o, por el contrario, dificulten su ejercicio.

El Partido Popular asiste atónito al desmantelamiento de la educación concertada que está haciendo la izquierda en algunas autonomías, utilizándolo como instrumento político y  desoyendo la demanda de un gran número de familias que legítimamente han optado por esta opción.

En la Comunidad Valenciana, con el Gobierno autonómico PSPV-PSOE y Compromís, NO se han autorizado unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y se ha restringido  la renovación automática de los conciertos en Bachillerato y FP, priorizando a los centros públicos a pesar de existir una demanda real.

En Aragón, el PSOE ha pactado con Podemos un plan de cierre de aulas en esos centros, como moneda de cambio para la aprobación de sus presupuestos, y se baraja la posibilidad de un cierre de aulas concertadas.

En Andalucía, al igual que en Asturias, se ha justificado el cierre de unidades concertadas bajo el argumento del descenso de la natalidad.

En Castilla La Mancha, el grupo socialista y Podemos firmaron un acuerdo en febrero de 2016 para reducir progresivamente la financiación de los conciertos educativos con la consiguiente supresión de líneas.

En Extremadura, un Decreto de mayo de 2017 no garantiza, ni la estabilidad en la duración de los conciertos, ni la atención a la diversidad en las mismas condiciones para todos los centros sostenidos con fondos públicos y tampoco garantiza la concertación de nuevas unidades si existe demanda social.

El Partido popular se enorgullece de apostar por una educación plural,  creemos que un país no puede ser verdaderamente libre si no dispone de opciones educativas independientes.

El equilibrio entre la educación pública y la concertada es un  signo de libertad y madurez democrática propio de un Estado de Bienestar como el nuestro.

Por todo ello, instamos a todos los grupos políticos:

– A apoyar esta moción para garantizar la convivencia entre ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y/o discriminación, respetando la libertad de elección  de centros por parte de las familias, como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la CE.


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educación

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