Llorente incurre en fraude de ley al querer adjudicar un contrato de ‘mupis’ ilegal que hipoteca a Leganés durante 25 años
EL PARTIDO POPULAR LO HA IMPUGNADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REGIONAL
- El PSOE y Ciudadanos quieren simular una cesión de dominio público cuando en realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años incluidas las prórrogas, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación de diferentes comunidades autónomas.
- “Nuestro alcalde socialista tiene mucha prisa en adjudicar este contrato porque necesita los soportes publicitarios disponibles para maquillar su lamentable gestión con rimbombantes carteles. Y esas prisas le llevan a vender su alma política al diablo, a hipotecar el patrimonio municipal de nuestros hijos y a saltarse la ley si es preciso. El adjudicatario, que ya adelanto que va a ser el mismo que estaba, vela por sus intereses y se asegura 25 años de negocio porque puede hacer frente a esa cantidad y ellos no incumplen la ley, la incumple el alcalde y su Junta de Gobierno. ¿Pueden optar empresas locales o pymes a este contrato? No, porque sólo una gran empresa tiene 13 millones de euros”, ha explicado Miguel Ángel Recuenco. candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Leganés.
Leganés, a 20 de septiembre de 2022.
El Ayuntamiento de Leganés que preside el alcalde socialista Santiago Llorente ha incurrido en fraude de ley al publicar un pliego que tiene por objeto final la adjudicación de un contrato a 20 años, más 5 de prórroga, por valor de 13 millones de euros para la explotación de los ‘mupis’ de la ciudad (MUPI es el acrónimo de mobiliario urbano de información pública). Ante tal irregularidad, el Partido Popular de Leganés ha interpuesto recursos tanto ante el propio Ayuntamiento de Leganés como ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
“Consideramos que el gobierno socialista y sus socios de Ciudadanos en la Junta de Gobierno han cometido un fraude de ley puesto que pretenden vulnerar la Ley de Contratos del Sector Publico”, ha aseverado Miguel Ángel Recuenco, presidente, portavoz y candidato a la Alcaldía de Leganés del Partido Popular.
¿Por qué hay un fraude de ley? Porque quieren simular una cesión de dominio público cuando en realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años incluidas las prórrogas, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación de diferentes comunidades autónomas. Esta maniobra es una transgresión de la Ley de Contratos del Sector Público. 9/2017, así como las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 2014/23/UE y 2014/24/UE respectivamente.
La treta está en que una cesión de dominio público puede extenderse en el tiempo prácticamente sin límite, porque se entiende que el que recibe esa cesión tiene que tener un tiempo razonable para amortizar el pago que le hace al Ayuntamiento, ya que su explotación y beneficios son exclusivamente privados: La Cubierta, la Instalación Deportiva Butarque, Mercacentro, lo que era El Cebadero…
Sin embargo, un contrato de servicios tiene un límite de 5 años y el adjudicatario del mismo tiene la obligación de prestar un servicio público. Los soportes publicitarios conocidos como ‘mupis’ exhiben publicidad de empresas, pero también campañas de información pública, con lo que en ningún caso pueden ser adjudicados como cesión de dominio público puesto que prevalece el interés público frente a los exclusivamente privados de explotación de un negocio (cesión de dominio público).
Así las cosas, en los recursos presentados pedimos la paralización del proceso de contratación, la nueva redacción de un pliego para que se ajuste a la Ley, que se respeten los plazos de adjudicación a un máximo de 5 años y que se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia.
“Nuestro alcalde socialista tiene mucha prisa en adjudicar este contrato porque necesita los soportes publicitarios disponibles para maquillar su lamentable gestión con rimbombantes carteles. Y esas prisas le llevan a vender su alma política al diablo, a hipotecar el patrimonio municipal de nuestros hijos y a saltarse la ley si es preciso. El adjudicatario, que ya adelanto que va a ser el mismo que estaba, vela por sus intereses y se asegura 25 años de negocio porque puede hacer frente a esa cantidad y ellos no incumplen la ley, la incumple el alcalde y su Junta de Gobierno. ¿Pueden optar empresas locales o pymes a este contrato? No, porque sólo una gran empresa tiene 13 millones de euros”, ha explicado Recuenco.
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